Artículo de opinión de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, publicado en el diario Últimas Noticias, este martes 13 de mayo de 2014
En 1999, Venezuela definió un nuevo rumbo respecto a su política exterior, bajo la premisa de un orden internacional inclusivo, multipolar, donde las relaciones entre Estados se perfilen entre iguales, con rechazo a cualquier acción injerencista.
Desde la declaración de su independencia, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos se ha centrado en la búsqueda de imponer sus políticas en el resto de los países, llegando a declarar como enemigos a aquellos que no se subordinen a sus designios, sin importar las marcadas contradicciones que ha conllevado su proclama de libertad e igualdad frente a la realidad de sus acciones.
En efecto, el país que históricamente ha pretendido erigirse como el censor del mundo, suma en la actualidad los más altos índices de violaciones a los derechos humanos tanto en su propio territorio como en aquellas naciones que ha invadido o atacado militarmente.
Se debe destacar que Estados Unidos ha perpetrado intervenciones graves en más de 75 países del mundo, donde han cometido incuantificables asesinatos, violaciones y atropellos, sin diferenciar niños ni mujeres, sumiendo esos pueblos en la más profunda miseria.
Pero, hacia lo interno, el desconocimiento de los derechos humanos es palpable: pena capital, suman más de 1.400 personas ejecutadas desde 1977, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte; segregación racial, xenofobia e, incluso, la aplicación de leyes, como la Patriota, aprobada en 2001, que bajo el alegato de combatir el terrorismo, le ha permitido al Departamento de Estado espiar a sus habitantes y a extranjeros, restringiendo sus derechos, como el de la privacidad y, a su vez, atentar contra la seguridad de los Estados.
Con semejante expediente, ni el Gobierno ni el Senado de EEUU tienen la moral suficiente para hacer cuestionamientos contra Venezuela donde, desde 1999, el respeto a los derechos humanos es un mandato constitucional y, además, caracteriza a instituciones como el Ministerio Público, que durante la actual gestión ha emprendido con éxito numerosas acciones contra funcionarios incursos en violaciones a los derechos humanos.
Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia y no está ni estará sometida a los designios injerencistas de ningún país, por lo que continuaremos promoviendo nuestros principios y valores de libertad, justicia y paz.
Fiscal General de la República
Publicado en el diario Últimas Noticias/ martes 13 de mayo de 2014/ Pág. -, opinión.
Artículo de opinión de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, publicado en el diario Últimas Noticias, este martes 13 de mayo de 2014
En 1999, Venezuela definió un nuevo rumbo respecto a su política exterior, bajo la premisa de un orden internacional inclusivo, multipolar, donde las relaciones entre Estados se perfilen entre iguales, con rechazo a cualquier acción injerencista.
Desde la declaración de su independencia, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos se ha centrado en la búsqueda de imponer sus políticas en el resto de los países, llegando a declarar como enemigos a aquellos que no se subordinen a sus designios, sin importar las marcadas contradicciones que ha conllevado su proclama de libertad e igualdad frente a la realidad de sus acciones.
En efecto, el país que históricamente ha pretendido erigirse como el censor del mundo, suma en la actualidad los más altos índices de violaciones a los derechos humanos tanto en su propio territorio como en aquellas naciones que ha invadido o atacado militarmente.
Se debe destacar que Estados Unidos ha perpetrado intervenciones graves en más de 75 países del mundo, donde han cometido incuantificables asesinatos, violaciones y atropellos, sin diferenciar niños ni mujeres, sumiendo esos pueblos en la más profunda miseria.
Pero, hacia lo interno, el desconocimiento de los derechos humanos es palpable: pena capital, suman más de 1.400 personas ejecutadas desde 1977, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte; segregación racial, xenofobia e, incluso, la aplicación de leyes, como la Patriota, aprobada en 2001, que bajo el alegato de combatir el terrorismo, le ha permitido al Departamento de Estado espiar a sus habitantes y a extranjeros, restringiendo sus derechos, como el de la privacidad y, a su vez, atentar contra la seguridad de los Estados.
Con semejante expediente, ni el Gobierno ni el Senado de EEUU tienen la moral suficiente para hacer cuestionamientos contra Venezuela donde, desde 1999, el respeto a los derechos humanos es un mandato constitucional y, además, caracteriza a instituciones como el Ministerio Público, que durante la actual gestión ha emprendido con éxito numerosas acciones contra funcionarios incursos en violaciones a los derechos humanos.
Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia y no está ni estará sometida a los designios injerencistas de ningún país, por lo que continuaremos promoviendo nuestros principios y valores de libertad, justicia y paz.
Fiscal General de la República
Publicado en el diario Últimas Noticias/ martes 13 de mayo de 2014/ Pág. -, opinión.
